“Acá hay independencia de poderes”, afirma Lifschitz. La realidad muestra lo contrario: a las escuchas en las que el ministro Pullaro le solicita al fiscal general Baclini información de una causa en la que estaba implicado, se aúna una orden del fiscal regional Arietti: un par de días tras esa escucha, le pidió por escrito a los fiscales que avisen al gobernante de una causa en la que Pullaro estaba en la mira. Esto es, uno de los máximos responsables del poder Judicial advirtiéndole al Ejecutivo que 2 fiscales están estudiando a un funcionario. Las escuchas y los documentos.

Pullaro policia declara final
Carrlos Arietti, Fiscal Regional

Por Maximiliano Ahumada (@mxahumada)  y Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa )

 

En los primeros días de octubre de dos mil diecisiete, los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí estudiaban una presunta defraudación al Estado perpetrada por las máximas autoridades de la policía. La maniobra consistía en cobrar horas extras (que se llaman Orden de Servicio de Policía Excepcional) que no se efectuaban. La causa, entonces famosa como “Horas OSPE”, probaba que habitualmente se sobreponían esas horas con la jornada de trabajo ordinaria y, en otros, eran asignadas a agentes que se hallaban de licencia.

 

Según Martí, iban a atribuir a trescientos policías y a detener a setenta, y los montos de la estafa eran considerables: “Estábamos estudiando el patrimonio de las presentes máximas autoridades policiales de Santa Fe. A fin de que se den una idea de la magnitud, solo en esos casos y por un periodo de 3 meses la defraudación al Estado era de más de seiscientos pesos. Y estábamos estudiando a 300”, declaró en una entrevista con Solar de Radio.

 

En terminante, las pesquisas probaban que en la urbe de Santa Fe, que tiene la tasa de homicidios más alta de la Argentina, parte de la fuerza policial se dedicaba a cuajar horas extras que no efectuaba mas sí cobraba. “Significa que los agentes que habrían de estar en la calle, solo lo están en los papeles. Eran agentes espectros, que figuran en las planillas, mas que realmente no estaban ahí, cuidando a los vecinos”, precisó Martí.

 

En el marco de esa investigación, se intervino el teléfono de Adrián Rodríguez, uno de los implicados, quien estuvo al frente de las Unidades Regionales 1 (departamento La Capital) y cinco (departamento Castellanos). Rodríguez sostenía conversaciones con alguien que le prometía un ascenso. Es más, su interlocutor se vanagloriaba de manejar ese concurso, de adelantarle las preguntas y de violar el anonimato de los trabajos que habían de ser presentados bajo pseudónimos. ¿Quién era esa persona? Maximiliano Pullaro, el Ministro de Seguridad, quien le afirmaba “quedate sosegado, papá”, “te daremos las preguntas, como en la escuela” y se interesaba por saber el pseudónimo con el que Rodríguez, a quien deseaba como Jefe de Policía de la provincia, había firmado su trabajo.

http://diariosantafe.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Pullaro-con-Rodríguez.mp3

Pullaro a Rodríguez: “Te daremos las preguntas, como en la escuela”.

 

 

Apullán y Martí solicitaron la intervención de esa línea telefónica, que fue concedida por el juez Nicolás Falkenberg. El nueve de octubre, Pullaro se enteró de la detención de Rodríguez a través del Secretario de Seguridad, Omar Pereira. Inquieto, empezó un raid de llamadas entre aquéllas que se resaltan una al fiscal general, Jorge Baclini, y otra al gobernante, Miguel Lifschitz. En la conversación con Baclini se protesta pues el fiscal regional, Carlos Arietti, le había prometido que las detenciones se harían “después de las elecciones”. Y en la charla con Lifschitz cuenta que, después de esa primera llamada, Baclini lo llamó por Whatsapp (con lo que no fue grabada) y le dio detalles de la investigación que lo tenía como uno de los implicados. Un escándalo institucional por donde se lo mire, en tanto que difícilmente un ciudadano de a pie tenga la posibilidad de llamar a la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación a fin de que le ofrezca información de una causa en la que es parte, y que este le adelante, además de esto, su opinión sobre exactamente la misma.

http://diariosantafe.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Pullaro-con-Baclini.mp3

Pullaro a Baclini: “Lo iban a detener tras las elecciones”.

http://diariosantafe.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Pullaro-Lifschitz.mp3

Pullaro a Lifschitz: “Estuve hablando con Baclini y es sumamente grave”.

 

 

La situación llenó de preocupación a los máximos referentes del MPA y del Ministerio de Seguridad. Conforme Apullán, cuando Arietti se enteró de las conversaciones entre Rodríguez y Pullaro, en las que el ministro procuraba favorecerlo en el concurso, le dijo: “Papá ¿me dirás que no sabés de qué forma se manejan los concursos?”.

 

La causa desató asimismo una serie de reacciones en la fuerza, tal y como se publicó en este portal hace apenas unas semanas. Conforme Ariel Katramiz, el policía que desgrabó las escuchas, múltiples de los apuntados por la justicia procuraban, en esos días, conseguir una asamblea con Arietti que, conforme Katramiz, se concretó. “De Arietti me encargo , no los podrá atender a todos”, afirma en una de esas escuchas el comisario Marcelo Maldonado.

http://diariosantafe.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Maldonado.mp3

Maldonado: “De Arietti me encargó , ya lo tengo hablado”.

 

Rápida reacción

 

Las escuchas que Diario Santa Fe dio a conocer el año pasado, en las que Pullaro habla con Baclini, Lifschitz y funcionarios de seguridad, fueron grabadas el nueve de octubre de dos mil diecisiete, exactamente el mismo día de la detención de Rodríguez. Un día siguiente, a la noche, en el MPA hubo una asamblea en la que estuvieron Arietti, un funcionario del gobierno provincial y el letrado de uno de los policías implicados en la causa “Horas OSPE”. De qué se charló ahí puede deducirse por las acciones de los días siguientes.

 

El once de octubre, Arietti le mandó a los fiscales Apullán y Martí una instrucción por escrito. Allá, muestra su disconformodidad con la calificación legal de cohecho pasivo y mantiene que no le parecía “procedente” pedir la cárcel precautoria de Rodríguez. Ese día, los fiscales iban a imputarlo, mas la audiencia no se hizo. En esa orden, Arietti pide además de esto que “atento a la trascendencia administrativa de lo que brota de la IPP y a fin de eludir producir un daño a la Administración Pública, remitan al titular del Poder Ejecutivo provincial copias certificadas de las constancias obrantes a fojas 1 a cuatro del legajo fiscal, notificando que se debe sostener el deber de reserva (art. doscientos cincuenta y ocho CPP)”.

 

Arietti, que en la jerarquía del MPA está sobre Apullán y Martí, les solicitó formalmente por escrito que remitan copias de la causa al gobernante Miguel Lifschitz, titular del Poder Ejecutivo, para informarle que Maximiliano Pullaro, uno de sus funcionarios más esenciales, nada más y nada menos que el máximo responsable de la seguridad en la provincia con la tasa de homicidios más alta del país, era investigado. Y no por un tema menor, sino más bien por digitar el ascenso de un agente de la ley al cargo más esencial de la fuerza, todavía estando bajo sospecha por un delito de defraudación contra el Estado, por el que por último fue encausado.

 

“Ese pedido de Arietti, de informar al Poder Ejecutivo, está sostenido en una motivación muy débil y, por consiguiente, controvertible. No hay una cuestión específica allá para darle intervención a una órbita administrativa a los efectos de efectuar un sumario”, aseveró una fuente judicial al leer la instrucción. ¿Por qué entonces, Arietti, en medio de una investigación en la que siquiera se había efectuado la audiencia imputativa, le da intervención al Poder Ejecutivo a fin de que esté al tanto de la causa? ¿No fuerza eso a los fiscales a comunicar cosas que, en ese instante de la causa, habían de ser resguardadas? La meta semeja ser claro: advertirle al Ejecutivo que había una pesquisa que los tenía en la mira en una causa incómoda.

 

Lo curioso es que en esa instrucción, al solicitar que remitan copias de la causa al gobernante, Arietti cita el artículo doscientos cincuenta y ocho del Código Procesal Penal, que afirma textualmente que “los actos de la investigación y su documentación van a ser secretos para quienes no sean parte en el procedimiento”.

 

Galería de Imágenes-Documentos. (Hacer Clic para ampliar imágenes)

[See image gallery at diariosantafe.com.ar]

 

 

Mejor uno de confianza

 

Apullán y Martí fueron corridos de la causa, y quien quedó al frente de exactamente la misma fue Exequiel Hernández, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, y hombre de confianza de Arietti. En verdad, Hernández fue su secretario mientras que Arietti se desempeñó como fiscal regional de Rafaela, antes que Lifschitz lo planteara como fiscal regional de Santa Fe.

 

Esa fiscalía de Delitos Complejos se creó de un día para otro, en un instante muy particular: mientras que se desarrollaban las investigaciones por “horas OSPE” y asimismo la causa conocida como “Corral Papers”, por la supuesta utilización de fondos públicos de la municipalidad de Santa Fe, para edificar una tropa de componentes para José Corral. En verdad, el diez de octubre de dos mil diecisiete se allanó el palacio municipal por vez primera en la historia. Apullán siquiera pudo ver lo secuestrado: un día siguiente, Arietti le solicitó por escrito que le remitiera la causa. A más de un año, no hubo ningún avance. O sea que, justo en el instante en el que 2 causas estudiaban hechos de corrupción que implicaban al gobierno provincial y al gobierno municipal, se creó esa unidad, con un hombre de angosta confianza de Arietti al mando. Y no comenzó a trabajar con las causas que se iniciaran desde su creación de ahora en adelante, sino más bien asimismo con las que estaban en curso.

 

Hoy, Apullán y Martí encaran una causa en contra suya, impulsada por el ministro Pullaro. Se les atribuyen los delitos de “abuso de autoridad, falsedad ideológica y también incumplimiento en los deberes de funcionario público”, puesto que los estudiosos comprenden que los dos fiscales omitieron informarle al juez los motivos por los que intervenían la línea telefónica que pertenecía al titular de la cartera de seguridad provincial.

 

¿Qué afirma el Código Procesal Penal de la provincia a este respecto? “El Tribunal, a pedido de partes, va a poder autorizar por decreto fundado, la detención o bien el rapto de la correspondencia postal, telegráfica o bien electrónica, o bien de todo otro efecto remitido o bien destinado al encausado o bien a terceros, si bien sean bajo nombres supuestos. De igual manera, se va a poder autorizar la intervención de las comunicaciones del encausado o bien de terceros, cualquiera sea el medio técnico empleado, para evitarlas o bien conocerlas”, puede leerse en el artículo ciento setenta y uno. En ningún sitio afirma que los fiscales deban identificar la identidad del titular al instante de pedirle la intervención al juez que es, en suma, quien decide si da curso o bien no a ese pedido.

 

Notas relacionadas:

Pullaro y las escuchas que prueban la escandalosa relación entre el Ejecutivo y el MPA

Conversaciones prohibidas

Avisale al gobierno que los investigás