Para la AFIP, a lo largo de la administración del ex- titular del Ente Administrador Puerto de Santa Fe se presentó documentación falsa con el objetivo de evadir impuestos, con lo que la justicia federal pidió medidas. Vorobiof tiene un procesamiento firme por “negociaciones incompatibles con la función pública” y “peculado”. La sindicatura había advertido al entonces gobernante, Antonio Bonfatti, de las irregularidades en el Puerto.  Mas el Ejecutivo decidió hacer oídos suecos.

Vorobiof bonfatti sciara
Antonio Bonfatti, Marcelo Vorobiof y Ángel Sciara

Por Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa ) 

 

El ex- titular del Ente Administrador Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, otra vez está en la mira de la justicia. Esta vez, la federal. El fiscal Walter Rodríguez pidió fomentar la acción penal contra el ex- funcionario por el presunto delito de “evasión impositiva agravada”, a lo largo de su administración al frente del EAPSF. Cabe rememorar que Vorobiof tiene un procesamiento firme en la justicia provincial por “negociaciones incompatibles con la función pública” y “peculado”, en una causa en la que quedó al descubierto el armado de empresas espectros, integradas por familiares directos del máximo responsable del puerto, para facturarle servicios al Ente.

 

Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a lo largo de dos mil doce y dos mil trece el organismo presentó documentación apócrifa, lo que le dejó evadir dólares americanos 488.671,73 en dos mil doce y dólares americanos 462.097,52 en dos mil trece. Teniendo presente la cotización del dólar en esos años, la defraudación al Estado fue de más o menos ciento setenta mil dólares americanos. Para la AFIP, “los responsables del Ente escondieron su obligación fiscal a través de la presentación de declaraciones juradas ilusorias pertinentes al Impuesto al Valor Agregado de los ejercicios fiscales dos mil doce y dos mil trece, apoyados con documentación apócrifa”.

 

En su informe, además de esto, quedan claras múltiples de las irregularidades ya denunciadas, por otros delitos, en la causa que se gestiona en la provincia. Entre ellas, por servirnos de un ejemplo, la integración como distribuidor de Aníbal Daniel Carioliche, quien por servicios como “limpieza de ascensores de descarga de cereales, limpieza de silos, sótanos y tolvas” percibió, aparentemente, un total de 163.962,08 pesos (más o menos treinta y ocho mil dólares estadounidenses). No obstante, todo señala que Carioliche era sencillamente un prestanombre: conforme empleados del puerto, iba a cobrar los talones “siempre acompañado por alguien próximo a Vorobiof”. Un detalle: 6 meses tras esas labores, Carioliche fue detenido por un homicidio. En dos mil quince fue condenado a catorce años de cárcel.

 

No solo para cobrar talones usaron a Carioliche. Asimismo para integrar la firma Rumbo Portuario SRL, al lado de Rodrigo Carelli y su esposa, María Guadalupe Oroño, cuyo directorio estaba integrado por 2 personas del Ente vinculadas a Vorobiof: Fernando Molinari y Sebastián Alonso. Esa firma tuvo la fortuna que quiere cualquier emprendedor: apenas un día siguiente de su creación, el Ente Portuario le asignó obras de “desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes”. Cobró por diferentes obras entre el veintidos de diciembre de dos mil once y el trece de noviembre de dos mil doce un total de 1.094.957,76 pesos. Conforme el cambio de aquel instante el equivalente a, más o menos, doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses. En suma, le adjudicaron labores durante más de dos millones de pesos.

 

Puerto corral barleta vorovioff final
Vorobiof, Barletta y Corral. 3 hombre del radicalismo universitario.

“Esa empresa se creó para facturarle al Puerto sin hacer nada. Todas y cada una esas labores se efectuaban con máquinas, comburentes y camionetas del propio puerto. En ocasiones aun las labores las efectuaban gente de la Cooperativa, ni tan siquiera de la empresa”, aseveró un trabajador del EAPSF, que solicitó reserva. Conforme la destreza contable oficial, ciertas órdenes de pago fueron firmadas por personas de las que “se ignora su relación con la compañía contratista”. Una de ellas vinculada a la compañía Las Brisas, dedicada a la producción de productos orgánicos y propiedad de, no de forma casual, Vorobiof, un “proyecto de familia”, tal y como puede leerse en su lugar.

 

El fiscal federal Rodríguez pidió fomentar la acción penal contra Vorobiof, y dispuso además de esto una serie de medidas: que “se despejen las circunstancias de las adjudicaciones que favorecieron a Rumbo Portuario SRL”, que “se certifique el Estado actual de la causa seguida a Marcelo Héctor Vorobiof frente a la justicia provincial” y que se requiera una imitación de la destreza contable efectuada al Ente, en el marco de esa causa (una parte de esa pericia, puede leerse acá).

 

Bonfatti sabía del Puerto

 

Lo que está claro es que la administración del entonces gobernante de la provincia, y actual precandidato a gobernante, Antonio Bonfatti, estaba al tanto de las groseras irregularidades cometidas por Vorobiof en el Puerto.

 

La Sindicatura General de la Provincia realizó informes en los meses de junio de dos mil doce y 2013. La SIGEP, que es el órgano de control interno del gobierno, desvistió todas y cada una de las irregularidades que el día de hoy estudia la justicia. A pesar de esos informes, que fueron presentados en la Dirección Provincial de Entes Portuarios y Túnel Subfluvial, que depende del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Entorno, el Ejecutivo decidió no actuar.

 

Allí, por servirnos de un ejemplo, se refería particularmente a la situación de la compañía Rumbo Portuario, una de las compañías espectros montadas a lo largo de la administración Vorobiof. Fue allanada y se probó que allá solo hay una casa de familia. Cuando el Ministerio de Trabajo requirió la presencia de una autoridad de la firma, se hizo presente en el sitio Sergio Vázquez, yerno de Vorobiof.

 

Ya en dos mil doce la SIGEP remarcaba que “la presentación de Rumbo Portuario frente a los organismos oficiales pertinentes (AFIP, API, Registro Público de Comercio) son de data siguiente a la ocasión de presentar ofertas (implica que no estaba con regularidad constituida al instante de observar y no puede decirse que a la data lo esté)”.
 

En junio de dos mil trece, un año después, la SIGEP remarcaba que el capital social de la compañía es de cien mil pesos y que las 2 obras que le fueron adjudicadas (una de ellas un día siguiente de su creación) ascienden a “un monto próximo a los seiscientos mil pesos”. Además de esto, mantiene que “el objeto social con el que se formó es notoriamente incompatible con las gestiones adjudicadas por el EAPSF”.

 

 
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