Por una resolución del Fiscal General, Jorge Baclini, ciento noventa y cinco personas pasaron del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. En la lista hay actuales y ex- aspirantes del Frente Progresista, componentes del MNR y la hermana de la presente precandidata a vicegobernadora, María Victoria Tejeda. El año pasado, Baclini asimismo contrató a la hija de la miembro del Congreso de los Diputados Clara García, actual pareja del gobernante, Miguel Lifschitz. El Sindicato de Trabajadores Judiciales solicitó que se impugne la resolución. Cada vez son más los funcionarios del gobierno provincial que pasan a las filas de la justicia.

Lihschitz Baclini
Jorge Baclini (Fiscal General) y Miguel Lifschitz

 

Por Nicolás Lovaisa (@nicolovaisa )

 

 

En un año electoral, en el que el Frente Progresista Civil y Social va a poner en juego su continuidad al frente de la Casa Gris, una gran cantidad de miembros del Poder Ejecutivo van a pasar a ser parte del Poder Judicial. Nada nuevo, teniendo presente que en los últimos tiempos ha sido común ver de qué forma funcionarios (prácticamente siempre y en toda circunstancia del área de seguridad, nada más y nada menos) pasaron a ocupar cargos esenciales en el Ministerio Público de la Acusación, cuya una de sus funciones es investigar la posible comisión de delitos por la parte de funcionarios públicos.

 

Pero esta vez, la resolución del fiscal general, Jorge Baclini, halló resistencia. El siete de febrero, mediante la resolución 23/2019, decidió que ciento noventa y cinco miembros del Poder Ejecutivo pasasen a ser parte del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

 

Lo primero que destaca, cuando uno repasa la nómina, es la cantidad de apellidos vinculados a la política y a la propia familia judicial. Y alcanza con googlear ciertos otros para verlos en diferentes recorridas haciendo campaña al lado del actual precandidato a gobernante por el Frente Progresista, Antonio Bonfatti, y el presente precandidato a intendente por la urbe, Emilio Jatón. En otros casos, como componentes y consejeros del Movimiento Nacional Reformista (MNR) o bien en ciertas sedes del Partido Socialista en la provincia. Aparecen, en menor medida, componentes radicales.

 

Por refererir solo ciertos ejemplos: en la lista está María Ludmila Tejeda, hermana de la presente miembro del Congreso de los Diputados y precandidata a gobernadora por el Frente Progresista Civil y Social, María Victoria Tejeda, que pertenece al ámbito del radicalismo que el día de hoy tiene como máximo referente al actual Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Asimismo está Claudio Acosta Fain, aspirante a presidente comunal de Tartagal por el Frente Progresista.

 

Un detalle más: el año pasado, mediante la resolución trescientos cinco, Baclini había contratado a otra persona vinculada de forma directa con la política: Gabriela Menegozzi, hija de la presente miembro del Congreso de los Diputados provincial, Clara García, y actual pareja del gobernante, Miguel Lifschitz. Lo que semeja apuntar que la proximidad entre las máximas autoridades del Judicial y el Ejecutivo no se restringe solo a brindarle información de privilegio a ciertos funcionarios, tal y como quedó probado el año pasado.

 

No se trata de discutir las condiciones ni las capacidades de las ciento noventa y cinco personas que pasan a integrar el codiciado Poder Judicial: lo que se cuestiona son las formas y la atractiva proximidad de un número esencial de los escogidos con los campos que están al frente de la Casa Gris.

 

Fuera de término

 

La ley trece y cuatrocientos cincuenta y nueve daba hasta un plazo de cuatro años para el traspaso de agentes del Ejecutivo al Organismo de Investigaciones. “Durante el plazo de 4 (cuatro) años de entrada en vigencia de la presente ley, el Fiscal General va a poder añadir al Organismo de Investigaciones a personal que se halle actualmente prestando funciones en alguno de Los Poderes del Estado, entes descentralizados, empresas o bien sociedades del Estado, anterior proceso de selección y conformidad de la autoridad superior que correspondiese y del propio agente”, afirma textualmente la regla.

 

Muchos de los ciento noventa y cinco escogidos por Baclini no integraban el Estado en ese instante. Por otro lado, el plazo venció: la ley se decretó el veinte de enero de dos mil quince y se publicó el veintisiete de enero del mismo año. La resolución que lleva la firma del Fiscal General está fechada el siete de febrero de dos mil diecinueve.

 

“Para procurar blanquear este ingreso, que es totalmente ilegal, armaron en el mes de agosto del año pasado un curso en Rosario, en la Escuela de Policía, y salieron de ahí con el título de Suboficiales de policía”, aseveró una fuente del MPA.

 

La información es simple de cotejar: el ocho de junio de dos mil dieciocho el Ejecutivo ordenó una convocatoria para el ingreso de “60 Suboficiales de Policía de Escalafón Técnico, Subescalafón Criminalista”. Allá se solicitaba de manera expresa que, para poder acceder al mismo, resultaba imprescindible “no ser titular de un cargo de planta permanente en la administración pública“. Desea decir que quienes tomaron el curso, a esa data, no formaban una parte del Ejecutivo, con lo que no podían ser tenidos en cuenta para pasar al Poder Judicial, puesto que la ley deja en claro que esa posibilidad contemplaba solo a aquellos que lo eran al instante de su sanción (se decretó el 20/01/2015).

 

Sin embargo, muchos de los que egresaron de ese curso (cuyos nombres pueden leerse en la propia página del Gobierno) son parte de la reciente resolución de Baclini, tal y como puede leerse en la página del MPA.

 

El Sindicato de Trabajadores Judiciales presentó una nota ante Baclini el pasado seis de marzo. Allá piden que “se deje íntegramente sin efecto la decisión” y que caso contrario “se va a dar inmediata intervención a la Corte Suprema a fin de que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, el máximo órgano del Poder Judicial deje sin efecto la resolución cuestionada, por su manifiesta ilegalidad y también inconstitucionalidad”. Además de esto, añaden que se afectan “los derechos de los agentes judiciales” (por lo que respecta a su carrera) “y de los ciudadanos en general”, haciendo referencia a quienes participan de los concursos para ingresar al Poder Judicial.

 

Una costumbre socialista

 

No es la primera vez que miembros del Poder Ejecutivo pasan a integrar, a toda velocidad, el Poder Judicial. Ciertos ejemplos:

* Diego Poretti: ex- Subsecretario de Seguridad Pública, actual Subsecretario de Prosecución Penal de la Fiscalía Regional I.

* Matías Drivet: ex- Secretario de Seguridad, actual miembro de la Cámara de Apelación en lo Penal en Rafaela.

* Rafael Coria: ex- consultor del Ministerio de Seguridad, actual fiscal de Rosario.

* Fabio Mudry: ex- Directivo de Seguridad Deportiva del Ministerio de Seguridad, actual miembro de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal.

* Luis Schiappapietra: ex- consultor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actual fiscal en Rosario.

* Víctor Moloeznik: ex- Subdirector organizador de la Policía de Investigaciones en el Ministerio de Seguridad, actual Subdirector de la Policía de Investigaciones del MPA.

* Rolando Galfrascoli: ex- funcionario del Ministerio de Seguridad, actual Jefe de Inteligencia Delincuente Zona Norte del MPA.