La administración socialista abrió una contratación de apuro cuando se lanzó el plebiscito para reformar la Constitución. Con sólo una preadjudicación y apurada por los tiempos, la empresa ganadora empezó a realizar su trabajo. Luego Lifschitz dio marcha atrás pero las urnas ya estaban hechas. Las terminaron adquiriendo igual y se las dieron a la secretaría electoral.

Urna foto
Imagen Ilustrativa.

Por Gustavo Castro

 

El gobierno de Miguel Lifschitz gastó más de 3 millones de pesos en la “adquisición de kit de urnas y artículos conexos” para la fallida consulta popular con el objetivo de reformar la Constitución Provincial sin siquiera haber adjudicado el trabajo, según documentación oficial a la que accedió Diario Santa Fe.

 

La curiosa historia arrancó el 2 de mayo pasado,más de 4 meses después de la firma del decreto de convocatoria a plebiscito, cuando se inició el expediente 00108-0011525 en la secretaría de Tecnologías para la Gestión para comprar las urnas. La modalidad administrativa elegida fue la contratación directa (sin licitación) dado el escaso tiempo disponible, la cual más adelante sería cuestionada por Fiscalía de Estado, como también reveló este portal.

 

Cinco días más tarde, tras el correspondiente pedido de presupuesto, se abrieron los sobres de las ofertas. Fueron tres: las de las empresas Multicajas S.A., Jia Graf S.R.L. y Wellpack S.A. Se hizo la evaluación técnica y las tres propuestas cumplieron con todos los ítem, a saber: urnas, faja de armado de urnas, faja cierre de boca de urna, bolsa contenedora urna, sobre e-comerce, rollos de cinta adhesiva impresa para cierre de bolsas y stickers seguridad “VOID” para cierre de bolsa contenedora. En consecuencia, el costo del trabajo resultó definitorio y allí sacó ventaja la última compañía con un monto de $ 3.036.000.

 

Así, en un trámite express, el mismo 7 de mayo se firmó el Informe de Preadjudicación N° 05, que sugiere la contratación de la firma Wellpack. Con la siguiente aclaración en negritas: el dictamen “constituye un parecer no vinculante y por tanto debe tenerse como provisorio hasta el acto definitivo de adjudicación que emitirá la autoridad competente”. Al instante, se elevó la documentación a la secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado con el carácter de “urgente trámite”.

 

Pero apenas 2 días después, el gobernador llamó a conferencia de prensa y anunció: “llegado a este punto, y preocupados por cualquier tipo de sospecha que pueda enturbiar el proceso electoral, decidimos suspender la aplicación del decreto para realizar la consulta popular”. Ante esta situación arrancó el proceso inverso, con similar celeridad. El 14 de mayo, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, pidió que “en la medida de lo posible” se dé marcha atrás con el dictamen. El 16 se firmó “por unanimidad” la “revocatoria”, con una indicación: “si bien el Informe de Preadjudicación constituye un parecer no vinculante y por tanto debe tenerse como provisorio hasta el acto definitivo de adjudicación que emite la autoridad competente, esta comisión de preadjudicaciones resuelve dejar sin efecto el mismo en virtud de resultar extinta la necesidad que dio origen al procedimiento de contratación directa”.

 

Hasta allí todo relativamente salvable en un proceso desarrollado a las corridas y con marchas y contramarchas. Pero surgió un problema extra. En una nota fechada el 21 de mayo, el presidente de Wellpack, Gastón Lewinzon, le planteó a Tabares lo que se transcribe a continuación:

  • Que, para cumplimentar los tiempos exigidos por las condiciones particulares de la entrega de los bienes solicitados, se debía comenzar con los procesos de fabricación lo antes posible, ya que si no hubiese sido materialmente imposible la provisión de los ítems
  • Que esta situación fue consensuada entre las partes con el ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
  • Que, por lo tanto, se procedió a comprar la materia prima, iniciar el proceso de fabricación de las urnas y todo el material restante, por lo cual ya se encuentran fabricadas y listas para ser entregadas a la brevedad en la sede de la Secretaría Electoral de la Provincia.
  • Que esto ocasiona una posible situación de quebranto para la empresa a la cual presido debido a que es imposible solventar los costos, materia prima, horas trabajadas y valor agregado.

 

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En síntesis, y al calor del apuro, el gobierno ya había acordado de palabra con la compañía que empiece a hacer las urnas, para lo cual contaba tan sólo con la sugerencia del informe de preadjudicación.

 

Dos días después, Tabares le envió una nota al prosecretario electoral de la provincia, Dr. Roberto Pascual, para que “tenga a bien considerar si por oportunidad, mérito y/o conveniencia son de uso para vuestra Secretaría Electoral los bienes que oportunamente se le preadjudicaron a dicha empresa”.

 

En esa misma jornada, Pascual contestó que “resulta conveniente y oportuno para la Secretaría Electoral del Tribunal Electoral de la provincia contar con los bienes adquiridos ya que son de características similares y en algunos casos son iguales los elementos y materiales a los utilizados para la organización de comicios”. En la misma línea, señala que los materiales “serían utilizados en futuros comicios, existiendo en este organismo posibilidad de su guarda atento a que el mismo no es perecedero”. Y agrega, en tono reivindicativo: “Debe destacarse lo ventajoso de contar con materiales con suficiente antelación para la correcta organización de las labores que hacen a todo acto electoral, redundando en simplicidad de gestiones, ahorro de recursos logísticos y humanos y en mayor medida considerando lo escueto de cada proceso electoral, en cuanto a los plazos inflexibles entre convocatorias y realización de las elecciones, que en muchas ocasiones hacen muy complicado al gestionar trámites de compras; todo lo cual redunda en múltiples beneficios al Estado Provincial”. Un salvavidas a la derecha.

 

Las urnas y demás elementos fueron entregados y las facturas presentadas. En este contexto, el prosecretario electoral le envió una nota al titular de Coordinación Técnica y Administración Financiera del ministerio de Gobierno, Gonzalo Arballo, donde le pide que se le pague a Wellpack. “Que atento a que encontrándose acreditada la efectivización de la prestación, su recepción de conformidad por parte de la Administración, no habiéndose realizado el pago a favor de la firma proveedora, y en razón de la injusticia que depararía el no pago como así también la desventajosa situación procesal en que quedaría colocada la Provincia ante un ulterior reclamo iniciado por quienes brindaron un servicio de buena fe, justifican sobradamente la autorización que se propicia a través de la presentes actuaciones”, asevera.

 

En la misma línea, el secretario de Tecnologías para la Gestión presentó el 8 de agosto otra nota, en donde explica todo el proceso. Destaca que en “situaciones como la que se presentó”, en las cuales “cobran especial relevancia los principios de celeridad y eficacia en la actuación administrativa, sin que ello implique morigerar el de transparencia ni contravenir mecanismos de control”, se apuró la contratación de la empresa para que haga las urnas. Y en consecuencia pide “la cancelación de las compras y contrataciones” iniciadas para la consulta popular “salvo, tal como se desprende de estos actuados, el de la firma aludida que ya había prestado el servicio que le fuera encomendado resultando en ese momento de indisputable necesidad, y aún suspendido el proceso y según informe emanado de la secretaría del Tribunal Electoral continúan resultando beneficiosas y rentables a los fines allí expresados”.

 

Las urnas están bien guardadas.