De ese total, $11 millones fueron transferidos al ministerio de Desarrollo Social para  subvencionar el rugby mientras organizaciones sociales le pedían a Lifschitz que declare la emergencia alimentaria por el fuerte incremento de la pobreza. 

Lifschitz firma
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Por Sebastián De Marco

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Desde el año 2016 organizaciones sociales de toda la provincia le solicitaron a la gestión socialista la declaración de la emergencia alimentaria. El pedido se formalizó en octubre del año pasado ante la creciente desocupación y demanda de alimentos de los sectores populares.  A partir de allí hubo movilizaciones y reclamos en todo el territorio provincial ante la negativa del gobierno provincial a acceder al pedido de los distintos sectores, incluida la pastoral social. Recién hace unos días, ante la declaración de la emergencia alimentaria por parte del Congreso de la Nación, la Provincia decidió adherir.

 

Al mismo tiempo que se daba esa discusión, el gobierno provincial habilitó recursos al ministerio de Desarrollo Social para determinadas actividades deportivas. Según el decreto 948  del 3 de mayo de 2019, al que accedió Diario Santa Fe, la cartera que conduce Jorge Álvarez obtuvo $11 millones para otorgar subsidios  “a favor de la Unión Rosarina de Rugby y de la Unión Santafesina de Rugby, de acuerdo a lo indicado por el Subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social” (Ver Galería de Imágenes).

 

Dentro del mismo programa denominado “Buenas Prácticas”, el 3 de septiembre de este año mediante la  resolución 884 del ministerio de Desarrollo Social le otorgó un subsidio de un 1,5 millones de pesos a Santa Fe Rugby Club para financiar un centro de entrenamiento destinado a sectores con vulnerabilidad social y con carencias, según el gobierno. (Ver Galería de Imágenes).

 

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Así consta en los argumentos del documento: “en el marco del Programa de Fortalecimiento de Iniciativas y Políticas Sociales Comunitarias Territoriales “Buenas Prácticas”; que dicho Programa se orienta a atender las diferentes problemáticas que presentan los gobiernos locales y las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil),  (…) con el fin de atender a los sectores de la población con mayores indicadores de vulnerabilidad social y con diversas carencias”.

 

Acuario seguro

 

El 27 de septiembre de este año el gobernador Miguel Lifschitz, el ministro de Economía Gonzalo Saglione y la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes firmaron el decreto 2847 para contratar un servicio de vigilancia y seguridad para el Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná”. El costo será poco más de 5,2 millones de pesos durante un año. (Ver Galería de Imágenes).

 

Según el documento “las dimensiones del predio y características del edificio hacen necesario prever un sistema de Seguridad y vigilancia acorde a ello, a los fines de salvaguardar los bienes materiales e intelectuales del Centro y garantizar el libre disfrute de los vecinos y visitantes de los diversos espacios”.

 

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El decisorio expresa que luego del llamado a licitación pública se aprueba por “doce (12) meses, prorrogable por igual período, a la firma “Egidio Marcelino Perretta” (“Advent Seguridad Privada”), C.U.I.T. N° 20-105947624, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($5.228.352) pagaderos a razón de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($435.696.-) por cada mes vencido de prestado el servicio, en un todo de acuerdo al pliego de Bases y condiciones particulares aprobado por Resolución (S.C.y G.B.) N° 192/19”