Es un viejo sistema que se renovó en 1990. El directorio de la empresa argumenta que es inválido y que en el padrón de beneficiarios hay irregularidades. Establece un período de transición que concluye a fin de año, ya con el PJ en el gobierno.

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Por Gustavo Castro

 

El directorio de la EPE firmó el 2 de octubre pasado la resolución N° 587 por la cual revoca un viejo sistema de cobertura médica gratuita y establece un período de transición de 90 días, con lo cual el fin del régimen –y el potencial conflicto que acarrea- operará en la práctica el gobierno de Omar Perotti.

 

Es necesario hacer historia. En 1948, la entonces Sociedad Eléctrica de Rosario firmó un convenio con el sindicato de Luz y Fuerza de esa ciudad para la creación del  Servicio Médico Asistencial Integral (SMAI). Al acuerdo se lo llamó “Laudo Pellerano”, por el apellido del delegado regional del gremio que lo suscribió. Esa cobertura se fue trasladando al personal de ese origen empresarial cuando la prestación del servicio pasó a manos nacionales en 1956 con Agua y Energía Eléctrica (AyEE), posteriormente a la Dirección Provincial de Energía (DPE) y finalmente a la EPE.

 

En 1990, el sistema fue renovado con variantes a través de otro acuerdo firmado por la empresa provincial y el mismo sindicato. Según la reciente resolución, a la que accedió Diario Santa Fe, con el nuevo convenio “las obligaciones legales de contribuir a la seguridad social se modificaron”, lo cual “en opinión de los técnicos de la empresa lleva cuestionar la validez del acuerdo” ya que “el compromiso que ello importa en un elemento esencial del acto mismo”.

 

En el mismo documento se advierte que “se detecta una suerte de confusión entre los conceptos de ‘derecho adquirido’ a un régimen, con la imposibilidad de control en su legalidad o la modificación legal posterior por lo que se puede entender cierta inclinación a no revisar el sistema en sí”.

 

Además, indica que “en la actualidad un número de personas ‘a determinar’ se amparan en la laxa interpretación del SMAI/90 por lo que es necesario identificarlos y realizar una trazabilidad de cada persona para saber si se encuentran alcanzadas por el ‘derecho adquirido’ nacido del convenio SER/Sindicato Luz y Fuerza Rosario (Laudo Pellerano de 1.948). Se ha podido constatar que bajo la estructura SMAI/90 se encuentran personas de menos de 50 años de vida, un número limitado de activos y adherentes y un gran número de pasivos y adherentes de los mismos sin ningún tipo de límites, por ejemplo, personas que permanecerían en el sistema SMAI luego del fallecimiento del pasivo, o hijos mayores de edad, etc. Los pasivos ya no poseen ningún vínculo jurídico con la empresa y sin embargo la EPESF sigue cubriendo el 100% de sus necesidades médicas sin ningún tipo de límites –es decir, más allá de una ‘mera gratuidad’-. Se ha constatado que estos pasivos cuentan con los sistemas de salud de sus sistemas previsionales en virtud de siempre haberse realizado estos aportes, pero los mismos no se dan de alta”.

 

Asimismo, señala que “el resto los empleados de la empresa se encuentran vinculados a los sistemas tradicionales de seguridad social, se le efectúan los aportes y retenciones de ley. Continuar con una interpretación laxa del SMAI/90 por lo demás, podría significar una posición más gravosa para el resto de los trabajadores regularmente incorporados al sistema, y una reducción de los aportes obligatorios y solidarios que la obra social OSPLYFRA requiere para cumplir sus cometidos”.

 

En consecuencia, el directorio de la EPE resuelve eliminar el sistema e iniciar “un proceso de actualización del sistema de salud que comprenda las personas alcanzadas por esta revocación”. Para ello establece un “período de transición” durante el cual se realizará un estudio de “trazabilidad” de cada beneficiario y mientras tanto “se mantendrá el sistema de cobertura médica actual abonándose los servicios médicos que efectivamente se presten”. Concluida esa etapa, quienes sean excluidos quedarán “en las mismas exactas condiciones que el resto de los trabajadores de la empresa” y el resto adoptará un nuevo “sistema de administración”.

 

De acuerdo a la resolución, esa transición se extenderá “desde el dictado de la presente y hasta un plazo máximo de 90 días”. Como el decisorio se firmó el 2 de octubre, el fin del sistema regirá desde el 31 de diciembre, ya con el justicialismo al mando de la Provincia.

 

Feliz Año Nuevo, Omar.